Cuando suena el aviso de una notificación electrónica, el contribuyente intuye un trámite; el abogado fiscalista, en cambio, sabe que es la punta visible de un cálculo estadístico. Detrás del mensaje no hay un funcionario hojeando carpetas, sino un algoritmo entrenado con millones de registros que ha concluido que esa persona, esa pyme o ese family office merece ser examinada con lupa. Las inspecciones de Hacienda en España han dejado de ser una lotería y se han convertido en un ejercicio de predicción cada vez más sofisticado. El propio Plan de Control Tributario 2025 reconoce ya el despliegue de herramientas de inteligencia artificial para seleccionar a los “contribuyentes de interés” y profundizar en su estilo de vida, sus movimientos financieros y hasta sus hábitos de consumo digital.
El cambio de paradigma no es coyuntural; forma parte de la hoja de ruta de la Agencia Tributaria para 2024-2027, donde la IA pasa de experimento a columna vertebral de la lucha contra el fraude. El documento estratégico anuncia sistemas capaces de “predecir, recomendar y decidir” a partir de lagos de datos que cruzan información fiscal con fuentes públicas y privadas. La Administración promete supervisión humana, pero el primer filtro será siempre un modelo matemático que otorga o niega el privilegio de la tranquilidad.
Ese mismo marco adelanta la era de la inspección híbrida: videoconferencias iniciales, requerimientos telemáticos en tiempo real y personaciones físicas solo cuando el cálculo de rentabilidad inspectora supera cierto umbral. En otras palabras, menos visitas, pero tremendamente incisivas; y todo ello en un entorno en el que la frontera entre verificación presencial y análisis algorítmico resulta cada día más borrosa.
La lupa se agudiza, además, en territorios antes difusos. La transposición española de la Directiva DAC 8 convertirá a los exchanges de criptoactivos en informantes natos. Cada transferencia, cada cambio de wallet, irá a engrosar una base de datos paneuropea diseñada para rastrear patrimonios digitales y embargarlos si fuera menester. El anonimato que durante años sostuvo la narrativa crypto cede paso a la trazabilidad fiscal y al embargo telemático.
Otro foco emergente es el del “talento global”. El régimen popularmente conocido como ley Beckham —y su versión para start-ups— sigue atrayendo profesionales de alto nivel, pero también genera patrones de riesgo que la IA detecta con sorprendente facilidad: sociedades instrumentales, estancias interrumpidas, contratos gemelos. Con un clic, el inspector dispone de un informe comparativo entre renta declarada y rastro digital de vida en España.
¿Qué significa todo esto para el contribuyente? Que el clásico compliance reactivo —responder cuando llega el requerimiento— ha caducado. El procedimiento tributario del futuro empieza antes del primer saludo: en la calidad del dato contable, en la custodia de metadatos y en la coherencia entre los números y la narrativa patrimonial. Defender hoy es anticipar cómo dialogará nuestro expediente con un software que no admite ambigüedades.
Aquí es donde una defensa frente a Hacienda verdaderamente especializada demuestra su valor tangible. Un abogado fiscalista curtido en litigación tributaria ya no se limita a citar jurisprudencia; analiza el score de riesgo que Hacienda asigna al cliente, revisa sus señales de alerta y prepara la prueba electrónica con formato forense. Cada acta propuesta se proyecta, desde el minuto cero, hasta su recorrido potencial en el TEAR, la Audiencia Nacional o, si hiciera falta, el Tribunal Supremo.
En Lullius Partners llevamos años adaptándonos a esta realidad algorítmica. Combinamos data forensics con estrategia procesal para que, cuando el inspector llame —o cuando el algoritmo lo haga por él— la historia que cuenten los datos coincida, punto por punto, con la nuestra. Porque en la próxima década el vértigo no vendrá de la cantidad de inspecciones, sino de su precisión quirúrgica. Y ante un bisturí tan afilado, la mejor defensa es un diagnóstico previo y un plan de acción escrito antes de que empiece la intervención.
